Energía

Treinta años después la ciudad se iluminaba con faroles de gas y de parafina, con un total de 1.988 luces. El alumbrado público se había ampliado, sin embargo continuaba siendo reducido. El servicio se concentraba en la zona céntrica de la capital y en los barrios de las elites y los grupos medios, los mismos que con exclusividad gozaban de agua corriente.

Este servicio se implementó en Santiago décadas más tarde de su puesta en marcha en Londres (1814) y a pocos años que en Buenos Aires (1852). Los empresarios José Tomás Urmeneta y Maximiano Errázuriz se adjudicaron la concesión del alumbrado público y formaron la Compañía de Gas de Santiago, la que se hizo anónima una década después, al alero de nuevos desafíos. Sin embargo, pese al impulso inicial, las lámparas a gas comenzarían a desaparecer frente a la avanzada de la luz eléctrica. La irremediable retirada se sentenció en 1883, cuando esta nueva tecnología alumbró la Plaza de Armas gracias a un generador eléctrico situado en el lugar.

Los municipios del país aspiraron a alumbrar las noches de sus pueblos y ciudades. Este anhelo explica en parte la existencia, en las primeras décadas del siglo XX, de más de 90 pequeñas empresas eléctricas en Chile, que se caracterizaban por ser locales, carecer de conexión entre sí y poseer sus propias plantas generadoras. Junto a ella existían importantes sociedades anónimas como la Chilean Electric Tramway and Light Company, la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad y la Compañía General de Electricidad Industrial.

Las centrales generadoras podían ser termo o hidroeléctricas, aunque la segunda opción predominó en Chile por la abundancia del recurso hídrico. En Santiago, operaba la Chilean Electric Tramway, a cargo de la locomoción colectiva desde 1900. Para ejecutar su servicio la compañía levantó la central térmica Mapocho. La Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad construyó la central hidroeléctrica La Florida, que inició sus operaciones en 1910, una muestra de modernización que celebraba el centenario republicano. Por su parte, en 1908 la misma compañía había levantado El Sauce, para abastecer a Valparaíso.

En Santiago el consumo eléctrico se incrementó en las primeras tres décadas del siglo XX. La Alameda se cubría de una hilera de luces. Los primeros rascacielos derrochaban luminosidad por las noches y los letreros comerciales de los cines y de las casas comerciales coloreaban la ciudad. Las grandes tiendas exponían en sus vitrinas los nuevos inventos eléctricos que facilitaban el quehacer doméstico, como aspiradoras, refrigeradores y planchas, importados de Estados Unidos o Europa. El censo registraba desde fines del siglo XIX un marcado incremento de la población, que se había extendido de 332.724 en 1907 a 712.533 en 1930. A este aumento se sumaba el crecimiento de la industria local, del sistema de tranvías y de los hogares que funcionaban en base a la energía eléctrica. La electricidad también posibilitó importantes innovaciones en el ámbito de las comunicaciones como el teléfono, implementado en Santiago en 1887, que contaba hacia 1930 con más de 24.000 aparatos y la radio, un revolucionario medio de masas introducido en 1923.

Frente a este escenario, las grandes compañías eléctricas aumentaron su producción e iniciaron estrategias de expansión empresarial. Comenzaron a absorber a las pequeñas empresas y a competir entre sí por dominar las zonas de mayor consumo, en particular el eje Santiago-Valparaíso. La tensión se diluyó en 1921 con la fusión de la Chilean Electric Tramway con la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, que resultó en la fundación de la Compañía Chilena de Electricidad, hoy Chilectra. Esta entidad se posicionó en el territorio en discordia, mientras que la CGE, la otra contrincante, oficiaría en numerosas ciudades del sur de Chile.

Las empresas eléctricas comenzaron a funcionar sin mayor normativa legal. En el contexto de su expansión, el Estado decretó en 1925 la Ley General de Servicios Eléctricos para regular y uniformizar tanto la generación como el suministro energético que ofrecían a la población. Tras la crisis económica de 1929, las preguntas por el desarrollo y la modernización nacional obligaron a revisar la realidad eléctrica del país. Pese a la inversión en nuevas centrales, las empresas eléctricas eran incapaces de abarcar la demanda creciente. En las ciudades el servicio era inestable, y en el sector rural desconocido. El estancamiento de la electrificación nacional significaba un obstáculo para el crecimiento económico y la autonomía del país, por tanto era necesario implementar políticas para el desarrollo de nuevas centrales. En 1936 un grupo de ingenieros de la Universidad de Chile presentó una propuesta conocida como Política Eléctrica Chilena, en la cual se recomendaba el uso del recurso hídrico y el liderazgo estatal en la planificación y producción de energía eléctrica. El proyecto apostaba a la creación de centrales hidroeléctricas en las próximas décadas y a la interconexión de los sistemas eléctricos regionales, a través una línea de transmisión a lo largo del territorio. Esta propuesta sentó las bases del Plan de Electrificación Nacional aprobado en 1943 e implementado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Este plan impulsó la construcción de centrales y sistemas de transmisión de Arica a Punta Arenas y potenció la electrificación del sector rural. Formó parte de una política de gran escala dirigida a impulsar la industrialización en Chile, proceso que fue guiado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO).